La quinta pregunta de la Consulta Anticorrupción busca obligar a los congresistas y demás funcionarios a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas, entre otros.
Lo que busca el punto 5 de la Consulta Anticorrupción es obligar a los legisladores a rendir cuentas de su gestión.Archivo
Es común que al final de cada periodo legislativo, senadores y representantes convoquen a un puñado de gente para presentarle un breve balance de su gestión durante su paso por el Capitolio. Sin embargo, dicha tarea termina siendo, en palabras de la congresista Angélica Lozano, un comité de aplausos sin mayores repercusiones sobre el derecho de participar en el control del poder político. Así quedó en evidencia en un reporte que presentó, en marzo de este año, el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción sobre el ranking de los legisladores relacionado con la rendición de cuentas de su gestión como parlamentarios.
La escala que dicho informe tuvo en cuenta para evaluar la transparencia de los congresistas al presentar información, como debates de control político, proyectos de ley o de actos legislativos radicados y aprobados, y su gestión regional fue de -26 a 26, siendo cero el mínimo de información que una persona de esta dignidad debía presentar. El resultado fue aterrador: mientras que en el Senado el promedio se ubicó en -6,19, en la Cámara de Representantes fue -2,96. “El día que los ciudadanos puedan saber en tiempo real cómo vota cada congresista cada proyecto, qué iniciativas presenta, qué lobistas atiende, a quién postula a cargos, va a existir una verdadera responsabilidad política”, dijo la senadora Lozano.
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Ese es, precisamente, el quinto punto que se propone en la Consulta Anticorrupción, convocada para el próximo domingo, 26 de agosto. Es decir, obligar a los congresistas y demás funcionarios a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que hayan gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos. La apuesta de los promotores de este mecanismo de participación ciudadana es que cualquier persona, sin importar dónde esté, pueda acceder a este tipo de información por medio de cualquier plataforma. “Lo que se busca es que se obligue a presentar una información estándar”, explica Lozano, una de las que lidera la Consulta.
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La principal consecuencia de que esta pregunta sea avalada en las urnas es obligar al Congreso a que legisle sobre la materia. De hecho, lo único que existe en este momento sobre rendición de cuentas fue una resolución —la 002 del 26 de diciembre de 2017—, firmada por el expresidente de la corporación, Efraín Cepeda, en la que se definieron los parámetros para que los legisladores rindan cuentas. Una medida tardía, si se tiene en cuenta que la propia Constitución Política, en su artículo 40, establece la conformación, el ejercicio y el control del poder político como un derecho fundamental.
El lío es que la manera en la que se busca promover mayor transparencia en la labor legislativa se sigue enmarcando en medios cada vez menos convencionales, si lo que se quiere es tener dicha información de manera expedita. Por ejemplo, se estableció que la socialización de la rendición de cuentas será mediante programas, transmitidos por el Canal Congreso los lunes, jueves y viernes, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m. Y además, se fijaron apenas diez minutos por congresista para que entregue un balance de su labor. Se trata, a todas luces, de un tiempo muy corto para conocer a fondo la gestión de un legislador.
Lo grave acá es que la resolución dice, claramente, que dicha rendición de cuentas es voluntaria; no obligatoria. “Los congresistas que no deseen utilizar este espacio en el Canal Congreso deberán manifestarlo expresamente, con la presentación del escrito, ante la Secretaría General de la respectiva corporación”, se lee en el documento expedido a finales del año pasado. En contraste, podrán publicar los documentos con la información de rendición de cuentas en medios tecnológicos o informativos y, para ello, se transmitirán cápsulas televisivas para dar a conocer “los distintos mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede consultar los informes de rendición de cuentas”. Todo por el Canal Congreso.
La propuesta de rendición de cuentas de los congresistas es una de las piedras angulares de la Consulta Anticorrupción pero, además, ha sido una de las principales razones por las cuales los dos anteriores Congresos se negaron a aprobar esta propuesta cuando era un proyecto de ley. Y es que por años las veedurías ciudadanas han requerido de los parlamentarios un juicioso ejercicio de transparencia en el que los electores podamos conocer sus declaraciones de renta, los bienes con los que llegan a ser congresistas y con los que salen, las sesiones a las que no asistieron, la manera como votaron las iniciativas legislativas o las excusas médicas cuando se ausentan. La claridad frente a estos temas permitirá a los ciudadanos conocer el talante con el que trabajan los legisladores colombianos. Por eso, el punto 5 de la Consulta contiene la esencia de la lucha contra la corrupción y es el ojo ciudadano enfocado en los servidores públicos.
