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Optimismo entre defensores de indiciados en el caso Aida Merlano

by Redacción Karoline.info

Durante el tiempo en que se han adelantado las diferentes audiencias a los indiciados en el caso de la ex senadora Aida Merlano, se han podido establecer algunos conclusiones preliminares por parte de los entendidos en la rama del derecho, en cuanto a posibles avances que han logrado los defensores de los imputados en este proceso.
Llama la atención el caso del concejal Juan Carlos Zamora, quien es defendido por el abogado Juan Carlos Ojito Palma. Entre los diferentes argumentos utilizados por Ojito, este destaca el hecho de que “el doctor Zamora es un personaje político de la ciudad que se ha mantenido vigente durante todos estos años por lo que se pone en duda por la defensa que este haya apelado exclusivamente a la compra de votos para llegar a ese sitial. En ese sentido vamos a aportar el documento correspondiente, la certificación de que aspiró y fue elegido como concejal”, dijo. En la la audiencia se mostró por medio de videos y archivos documentales la trayectoria de Zamora, la cual se inició en 1997.
En cuanto al testimonio de un testigo de la Fiscalía, el cual ha sido objeto de numerales críticas, el jurista Ojito Palma expresó: “ahora bien su señoría queremos culminar esta argumentación relacionada con la diferencia razonable de autoría o participación de corrupción al sufragante, poniendo de presente algo que toca directamente, ya no con el talante subjetivo del testigo Rafael Palencia, sino que igualmente pone en tela de juicio el aspecto del contenido del testimonio del señor Palencia. Esta es una cuestión de mayor calado pudiera decirse, y que definitivamente nos permite lanzar el juicio de que esta persona no ha dicho la verdad cuando ha sido escuchado al interior de las investigaciones, en donde aparece como testigo o como en ésta, en donde se trata de un elemento material por lo que la Fiscalía lo ha utilizado”.
Luego el defensor lanza una pregunta: “¿En qué sentido lo decimos su señoría?” y pasa a explicar que, “está prácticamente repetido hasta la saciedad que el doctor Palencia afirmó que en esta campaña de la doctora Aida Merlano se habían comprado votos por valor de 50.000 pesos y como quiera que él menciona al doctor Zamora, tendríamos que afirmar que esa insinuación también debería o podría llegar a tocar a esta persona que estamos defendiendo, sin embargo su señoría, haciendo unos cálculos aritméticos, resulta fácil afirmar que esas cuentas no cuadran”.
Por otro lado, la defensa del doctor Zamora sostuvo que no se daban los requisitos exigidos por el artículo 308 de la ley 906 de 2004 para la imposición de la medida de aseguramiento intracarcelaria en este caso. Por el contrario, sustentó la posibilidad de la obtención o la utilización de una medida de aseguramiento distinta a aquella que solamente debería utilizarse como última posibilidad.
El caso del testigo Palencia
El pasado viernes en la sala 13 del Centro de Servicios Judiciales la defensa del concejal Juan Carlos Zamora dio a conocer unos vídeos y unas notas periodísticas del diario La Libertad y Canal Tropical donde se evidenciaba que el señor Palencia no es un testigo idóneo que podría aportar reales evidencias a este proceso de supuesta corrupción al sufragante. Se mostraron en dichos videos que el señor Palencia fungía como cirujano plástico siendo la realidad que éste solamente cursó cuatro semestres de derecho. También se mostraron evidencias que comprueban que dicho personaje tiene 7 demandas por estafa a una empresa comercializadora de partes automotrices del nivel nacional.
En una extensa intervención se examinaron uno por uno los argumentos utilizados por la Fiscalía 197 seccional de Bogotá presentando el contra argumento pertinente, solicitando al final de la intervención que el Juez de Control de Garantías tuviera en cuenta que estuviera en duda de la inferencia razonable de autoría por participación de los distintos delitos, el caso de concierto para delinquir agravado y corrupción de sufragante agravado, así como también no se había demostrado peligro para la seguridad a la comunidad u obstrucción a la justicia, de modo tal aspira que su defendido puedan continuar en libertad hasta que se emita la sentencia definitiva.

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