Home Local El caso de la Triple A, las irregularidades que pasaron desapercibidas las desiciones de la fiscalia y procuraduria

El caso de la Triple A, las irregularidades que pasaron desapercibidas las desiciones de la fiscalia y procuraduria

by Redacción Karoline.info

En diferentes escritos nos hemos referido a las irregularidades que se presentaron en la Triple A, desde el mismo instante de su constitución y que extrañamente pasaron desapercibidas por las distintas juntas directivas de la empresa, la clase política , los medios de comunicación y por los gremios que fueron los que impulsaron la creación de esta empresa en el año 1.991.
A nadie le prestó atención a la entrega en concesión del aseo, a una empresa que se constituyó dos (2) meses antes de su adjudicación, lo que demuestra claramente que no tenía experiencia en el tema, ni contaba con los equipos requeridos para prestar un buen servicio. Para ello se firma el contrato No 00079 de julio 5 de 1.994, por parte del gerente de ese entonces Joaquín Fernández Malabeth, por siete años, con la empresa “Aseo Técnico”, contrato que fue prorrogado por las siguientes administraciones hasta la fecha de su vencimiento que es el 17 de noviembre del presente año.
LA CULPA DE LA SUPERINTENDENCIA, CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA EXTERNA
El once (11) de julio de 1.994, se da un hecho histórico se expide la Ley 142 de 1.994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. En dicha ley, se establece en varios de sus artículos especialmente el 47, cual es la participación de la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de velar por la aplicación del control interno en las empresas de servicios públicos , como en la contratación que deben hacer las empresas de una auditoría externa de gestión y resultados. Auditoría que de acuerdo al artículo 51, obliga a informar a la Superintendencia las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de una empresa, las fallas en el control interno, entre otras. En la ley también se obliga a las empresas de servicios públicos a entregar las actas de las reuniones de junta directiva y asamblea como la entrega de sus estados financieros debidamente auditados y, se les da el carácter de empresas privadas tanto para contratación como para el manejo de las relaciones laborales de sus trabajadores que serán según el Código Sustantivo de trabajo.
Como se desprende de lo establecido por la ley, los distintos superintendentes nacionales y regionales fueron permisivos con esta empresa desde el año 1.994 hasta la fecha, por lo que deberían al menos ser investigados disciplinariamente por la PGN. No entendemos como en tanto tiempo esos funcionarios no hubieran sido capaces de llamar la atención sobre el contrato de asesoría técnica que fue aprobado por la Asamblea de la Triple A y se firmó el 18 de octubre de 1.996, donde se establecía el reconocimiento de un 4.5% por “costo gerencial” entre la empresa triple A e INASSA S.A. Dicha acta fue firmada por Edgar George en calidad de alcalde, Julio Gómez Piqueras por la empresa Inassa, Alejandro Arteta Abello y Antonio Celia por los privados. Lo que indica que tanto los gremios de la ciudad, como los accionistas particulares y por supuesto el Distrito con los socios españoles aprobaron el reconocimiento de una “gestión gerencial”. En un mes de septiembre 19 a octubre 19 de 1.996, nace el contrato de “gestión gerencial” que fue ratificado el 4 de septiembre del 2.000, mediante la firma de un nuevo contrato firmado por Fráncico Olmos como gerente de la Triple A y Luís Nicolell De Caro, donde se confirma el reconocimiento del costo de la prestación de una Asesoría Técnica llamada “gestión gerencial” y se desconocen los otros estímulos que se habían firmado en el año 1.996.
COMO SE ENRIQUECIERON LOS ESPAÑOLES Y SOCIOS BARRANQUILLEROS CON LA TRIPLE A
Lo anterior quiere indicar que la FGN comete un error al afirmar que el contrato de gestión empresarial entro en vigencia desde el año 2.000. No señor Fiscal, este opera desde el año 1.996.En el año 2.000, se dieron cambios importantes en la Triple A, como fue la venta de las acciones de AGBAR (51%) a sus socios barranquilleros por US$7 millones de dólares. Lo que indicaba que los españoles con la sola inversión de $510.000 pesos en Inassa, obtuvieron una ganancia fabulosa de 7×2.088 (TRM) =$14.616 millones.
El otro año importante en la Triple A, es el del 2.001, ese año en abril los barranquilleros constituyeron una empresa en Panamá a la cual denominaron “SLASA”, quién a su vez en solo 7 meses, noviembre de ese año le vende a los españoles de Canal Isabel II, el 75% de la inversión en Inassa, quedándose ellos con el 25%, por la modifica suma de US$73 millones de dólares. Es decir los barranquilleros obtuvieron en un año, la ganancia de US$66 millones de dólares. O sea 66×2.300.10(TRM)=$151.806.6 millones de pesos, de los cuales estamos casi seguros que no pagaron impuesto en Colombia y, que la FGN no le ha hecho seguimiento a esos dineros como si aconteció en España, ya que gracias a los españoles se pudo destapar la olla podrida en la Triple A. Esas ganancias son independientes a las obtenidas por Inassa, por la supuesta prestación de la “gestión gerencial” que desde el año 1.996 al año 2.017, le ha significado de acuerdo a nuestros cálculos sacados de los estados financieros de la Triple A $208.412 millones. Ganancia que se incrementa por los actos de corrupción al interior de la empresa con la firma de contratos ficticios del orden de los $27.000 millones de pesos, que fueron a parar una parte a las manos de los directivos de Inasaa, Triple A y otros que no se conocen ante el silencio que guarda el gerente Ramón Navarro ante el Fiscal 38 especializado de Bogotá, quién no ha podido hacer hablar al señor Navarro y a pesar de ello le otorgo casa por cárcel y los $70.000 millones por los subsidios recibidos y no entregados de los cuales no se ha vuelto a saber de ese tema, por parte de la FGN y de la PGN.
LAS INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA Y PROCURADURÍA
En el día de ayer, nos sorprendió el Fiscal General de la Nación quién en forma imprevista se presentó en la ciudad de Barranquilla convocando una rueda de prensa relámpago para informarle al país y en especial a los atlanticenses que la Fiscalía había decidido dictar medida de aseguramiento contra ocho directivos de la Triple A y de Inassa , dicha orden contempla que los implicados no pueden viajar al exterior. Ni siquiera les dieron casa por cárcel. Muy benevolente el señor Fiscal cuando en España el Fiscal los envió a la cárcel. La otra medida fue embargar y secuestrar las acciones de Inassa a favor de la Sociedad de activos especiales ”SAE” entidad que debe convocar una asamblea de accionistas con el único fin de elegir nueva junta directiva.
Preocupaba el silencio que venía guardando la Fiscalía sobre este tema, como preocupa el silencio de lo que ha pasado con la denuncia de la misma Fiscalía en el manejo de los subsidios y en el juicio que se le sigue a Ramón Navarro por los contratos ilícitos firmados del año 2.012 al 2.015, por $27.000 millones. El proceso que lleva el Fiscal 38 debe continuar sin permitir la delación del mismo e incluso reconsiderar por el daño causado a los Atlanticenses reconsiderar la medida de casa por cárcel por otra privativa de las libertades, condicionada a la colaboración del implicado para que delate a quienes lo acompañaron en esa aventura. Pensamos que debería realizarse una auditoría forense durante el tiempo de la administración del señor Navarro, para determinar con seguridad el monto real de lo sustraído a la empresa.
Esperamos que los argumentos que tenga la Fiscalía sean consistentes desde el punto de vista jurídico, y no caigamos en la trampa que nos hicieran con el caso de Electricaribe que se intervino para favorecer a los españoles en sus futuras demandas contra el Estado. Es de esperar y así lo señalan ya los medios españoles que lo que hizo la Fiscalía al igual que la Superintendencia con Electricaribe fue una expropiación, que viola el contrato de estabilidad jurídica firmado entre el gobierno español y el colombiano.
Por su parte la Procuraduría, insiste en la ilegalidad de ese contrato de “gestión gerencial” por ello impetro una Acción Popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la cual se encuentra para fallo. Independiente de esta demanda, la Procuraduría debería empezar la investigación disciplinaria de todos los superintendentes nacionales y regionales de 1.996 a la fecha, que fueron los culpables a nuestro juicio de todo lo que aconteció en la Triple A, al ser permisivos y no cumplir con sus funciones. Igualmente la Fiscalía y procuraduría debería investigar por su actuación a las firmas de auditoría externa y de control interno que prestaron sus servicios a la Triple A, por no haber registrado en sus informes las anomalías que se venían dando y en especial por no verificar todo lo relacionado con el contrato de “gestión empresarial” . Igualmente ambas entidades deben investigar a todos los alcaldes y miembros de la junta directiva de la Triple A, quienes también tienen responsabilidad en todo lo sucedido.
Por otra parte, la DIAN debería investigar lo concerniente al movimiento accionario en el año 2.000 y 2.001 DE iNASSA, para determinar si cumplieron con las normas tributarias de Colombia y Panamá. Sobre ese negocio en Colombia no se dice nada por ningún organismo, cuando fue la base para las investigaciones y condenas en España, sumada a la negociación en Brasil.
Por último apoyamos las decisiones de los Organismos de Control en el caso triple A, y esperamos que continúen con sus investigaciones para que este caso no quede como la mayoría de los casos, en una campaña mediática encaminada a echarle tierra al proceso, penalizando solamente a los señalados y encubriendo a otros.
Los barranquilleros tenemos que cerrar filas, para que las investigaciones continúen y judicialicen a todos los culpables otorgándoles el derecho a la defensa que tienen. Igualmente esperamos que al convocarse una asamblea con fines de elegir nueva junta directiva primero se escojan por parte del Distrito y la empresa SAE, a personas idóneas , con voluntad de trabajar por el bien de la ciudad al igual que los representantes del gobierno nacional. También debe aprovecharse esa asamblea para solicitar que el servicio de aseo, que presta hoy un concesionario pase directamente al manejo del Distrito quién debe tomar la decisión de decidir cómo operar ese servicio, que entre otras es de los más rentables. Este sería un buen paso dado por el alcalde ALEX Char , su equipo ejecutivo y por supuesto los señores concejales que no dudamos el pueblo barranquillero se los sabrá reconocer .Para los otros servicios y la participación accionaria dependemos de lo que decida la justicia, pero para el aseo depende de la presión de nuestros dirigentes y del pueblo en general para recuperarlo a más tardar el 17 de noviembre de este año, que se vence la concesión con Aseo Técnico.

Por: Jorge Vergara Carbó

Related Articles

Leave a Comment