La Fiscalía capturó a 13 personas que habrían diseñado un esquema ilegal para conseguir medicinas de contrabando, vencidas, en mal estado de conservación o adulteradas que, posteriormente, eran vendidas como productos originales a EPS y hospitales.
Las diligencias se cumplieron en Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Palermo (Huila), y en ellas fue incautada más de media tonelada de productos farmacológicos para tratar enfermedades como la hemofilia, el cáncer, VIH/ SIDA, entre otras.
Crear empresas de comercialización de medicamentos, ofrecer sus servicios a EPS, hospitales y clínicas, y quedarse con los contratos de suministro para pacientes con enfermedades catastróficas y de alto costo, era parte del esquema criminal detectado por la Fiscalía General de la Nación y que habría diseñado una organización dedicada a la adquisición ilícita y clandestina de complejos tratamientos farmacológicos.
El material probatorio daría cuenta de que la cadena criminal inició en Ibagué con la constitución de la Fundación Vida y Salud (Fundasalud IPS) y Fundasalud Gold, dos Institutos Prestadores de Salud que, en el papel, cumplían los requisitos de ley y vendían medicinas al Hospital Federico Lleras Acosta para atender personas con enfermedades como la hemofilia, cáncer, problemas renales y VIH/SIDA.
En año y medio de investigaciones se constató que, al parecer, la red criminal no conseguía la mercancía con los laboratorios científicos certificados, por el contrario, recurrió a distintas maniobras ilegales para abastecerse de medicinas, muchas de ellas habrían llegado vencidas, en precario estado de conservación y con múltiples alteraciones, aun así, fueron entregadas a los pacientes del Hospital Federico Lleras Acosta.
Con un andamiaje ilícito definido y con la conformación de otras empresas como Distrimedical S.A.S., farmacias y operadores logísticos, la organización estableció un
monopolio criminal y acaparó los convenios con, por los menos, seis EPS de Tolima, y luego se extendió a Medellín y Puerto Berrío (Antioquia), Manizales, Florencia, Tunja y Cúcuta.
De esta forma, la red delincuencial se encargaba exclusivamente del abastecimiento de medicamentos a pacientes de EPS y cubría la entrega de tratamientos de alto costo que, en atención a fallos de tutela, los centros asistenciales debían cumplir periódicamente.
En el curso de proceso está documentado que algunos usuarios del sistema de salud no recibieron sus tratamientos y aun así aparecen sus firmas como si se los hubieran entregado.
Gracias al trabajo de un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y a la evidencia física y técnica recopilada, todos los integrantes del monopolio criminal fueron identificados, se conoció que obtenían ganancias de hasta mil millones de pesos por convenio, y quedaron al descubierto las vías ilícitas que usaban para conseguir los medicamentos, algunas de ellas son:
Ingreso de medicinas de contrabando de Ecuador y Venezuela. Estos productos entraban al país sin respetar la cadena de frío o las medidas de conservación, y eran
trasladados hasta distintos puntos del país donde les alteraban las fechas de caducidad y los lotes de fabricación para darles una apariencia de legalidad.
Compra de medicamento descontinuados o vencidos. Hay evidencia de que la organización ubicaba hogares geriátricos y otros institutos de salud, y les compraban los medicamentos que daban por descontinuado, por caducidad o mal estado.
Adquisición de mercancía a pacientes. Está certificado que algunos integrantes de la estructura contactaban pacientes con enfermedades catastróficas y les compraban, a bajo costo los medicamentos que les entregaban las EPS; así sacaban al mercado y a mayor precio las medicinas de uso restringido.
Capturas
La Fiscalía General de la Nación, a través de su policía judicial CTI, hizo efectivas 13 órdenes de captura contra los presuntos integrantes de la organización ilegal y realizó 15 diligencias de registro y allanamientos en Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Palermo (Huila). En las diligencias fue incautada algo más de media tonelada de medicamentos que no cumplían con los requisitos de ley para su distribución, habrían sido alterados o generaban dudas sobre su origen.
Los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías de Ibagué, Bogotá y Cúcuta y se les imputaron cargos por algunos de los siguientes delitos:
Concierto para delinquir.
Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.
Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de
variedades vegetales.
Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.
Enajenación ilegal de medicamentos.
Favorecimiento y facilitación del contrabando.
Doce de los procesados aceptaron cargos y por disposición de los jueces recibieron medida privativa de libertad en sus lugares de domicilio.
